Tolerancia, tabú y dinámicas cambiantes del poder
En un contexto ampliamente ecologista y retórico, alguien puede afirmar que «la humanidad es un cáncer para el planeta», que los seres humanos somos una plaga o que nuestra especie está destruyendo un ecosistema extraordinario.
Estas afirmaciones suelen entenderse como críticas hiperbólicas al impacto ambiental de la humanidad, y no como propuestas literales para eliminar a los seres humanos. Aunque atribuyen algo extremadamente negativo al conjunto de la especie, rara vez provocan una reacción personal intensamente hostil contra quien las formula. Pueden considerarse exageradas, pesimistas o intelectualmente simplistas, pero normalmente se aceptan como una forma reconocible de retórica ecologista.
La reacción es muy diferente cuando alguien afirma que las mujeres son un problema, que los hombres son intrínsecamente peligrosos, que el islam es incompatible con la civilización occidental o que los judíos constituyen una amenaza colectiva. Quien pronuncia estas afirmaciones puede ser clasificado inmediatamente como misógino, misándrico, islamófobo, antisemita, intolerante o peligroso, en ocasiones antes de que se hayan examinado el significado, el mecanismo o las pruebas que podrían sustentar la afirmación.
Esta asimetría se apoya en diferencias importantes.
Cuando alguien condena a la humanidad en su conjunto, normalmente se incluye a sí mismo en la acusación. El objetivo es universal y difuso. La afirmación no separa claramente un «nosotros» inocente de un «ellos» culpable y resulta difícil convertirla en un criterio práctico para excluir a individuos concretos.
Cuando, por el contrario, se señala a las mujeres, los hombres, los musulmanes, los judíos o cualquier otro grupo identificable, se crea una frontera entre «nosotros» y «ellos». La afirmación puede utilizarse entonces para justificar un trato desigual, la exclusión, la imposición de restricciones o la atribución de una culpa colectiva a personas identificables.
La historia también importa. La descripción de grupos humanos como enfermedades, plagas, parásitos o amenazas colectivas ha acompañado procesos reales de discriminación y persecución. Cuando el grupo señalado es percibido como vulnerable, la afirmación puede interpretarse, por tanto, no solo como una opinión exagerada, sino como una posible justificación para privar de derechos a sus miembros.
Esto ayuda a explicar por qué estas afirmaciones no producen reacciones idénticas. Sin embargo, explicar la asimetría no demuestra que toda su amplitud esté justificada.
La validez de una afirmación y el riesgo de expresarla
Conviene separar dos cuestiones que con frecuencia se confunden.
La primera es epistemológica: ¿está la afirmación respaldada por pruebas? ¿Describe un patrón estadístico real, una tendencia institucional, una doctrina o un mecanismo causal? ¿O transforma el comportamiento de algunos miembros de un grupo en una característica supuestamente universal?
La segunda es práctica: ¿qué consecuencias pueden derivarse de expresar la afirmación?
Dos afirmaciones pueden ser igualmente inexactas y, sin embargo, provocar reacciones radicalmente diferentes. Decir que los hombres son intrínsecamente violentos y decir que los musulmanes son intrínsecamente violentos son, en ambos casos, generalizaciones esencialistas. Ninguna de las dos se deduce de la existencia de diferencias estadísticas, patrones históricos u organizaciones violentas asociadas a algunos miembros de cualquiera de esas categorías.
Sin embargo, el coste social de expresar ambas afirmaciones puede diferir considerablemente. En algunos entornos, la primera puede tratarse como una exageración retórica, tolerarse como parte de un discurso político o recibir únicamente una impugnación moderada. La segunda puede provocar consecuencias mucho más graves en el ámbito reputacional, profesional, institucional o incluso personal.
También puede suceder lo contrario en otros contextos culturales. Una generalización hostil contra las mujeres puede estar normalizada mientras se desincentiva la crítica hacia los hombres. Una afirmación negativa sobre los judíos puede resultar peligrosa en una sociedad y socialmente recompensada en otra. Una crítica al islam puede estar protegida por la ley y, al mismo tiempo, evitarse informalmente por temor a las posibles reacciones.
Estas diferencias en las consecuencias no determinan qué afirmación es verdadera. Revelan que la validez de una idea y el coste de expresarla son variables distintas.
Una sociedad intelectualmente coherente debería evaluar las afirmaciones principalmente según sus pruebas, precisión, capacidad explicativa y apertura a la refutación. En la práctica, sin embargo, las personas también tienen en cuenta quién puede sentirse atacado, qué respuesta puede producirse y qué capacidad poseen el grupo afectado o sus defensores para castigar a quien habla.
Ese castigo no tiene por qué ser jurídico ni físico. Puede consistir en exclusión profesional, denuncia pública, destrucción reputacional, aislamiento social, investigación administrativa, campañas coordinadas de quejas, pérdida del empleo o posibilidad de sufrir violencia.
Los límites del debate público están determinados, por tanto, no solo por principios morales, sino también por las expectativas sobre las consecuencias.
De la protección contra la discriminación a la inmunidad frente a la crítica
En algunos entornos políticos y culturales se ha producido un desplazamiento desde un principio razonable:
«Los individuos vulnerables deben ser protegidos frente a la discriminación y la deshumanización».
Hacia un principio mucho más amplio y discutible:
«Los grupos clasificados como vulnerables deben ser protegidos frente a la crítica».
La distinción entre ambos principios es fundamental.
El primero protege a las personas. Rechaza la culpa colectiva, la discriminación arbitraria, la violencia y la reducción de los individuos a categorías heredadas.
El segundo puede proteger doctrinas, instituciones, organizaciones, prácticas y proyectos políticos frente al examen crítico únicamente porque están asociados a un grupo considerado vulnerable.
Al mismo tiempo, los grupos clasificados como poderosos pueden convertirse en objetivos aceptables de una hostilidad casi ilimitada. Expresiones como «los hombres son basura», «los ricos son parásitos», «los occidentales son malvados» o «la humanidad es un cáncer» pueden ser toleradas porque sus objetivos se consideran dominantes, privilegiados o colectivamente responsables.
Esto genera un doble rasero.
El hecho de que una generalización contra un grupo vulnerable pueda producir consecuencias más peligrosas no significa que ese grupo deba quedar exento de crítica. Tampoco el poder relativo de otro grupo convierte en legítima cualquier forma de desprecio dirigida contra él.
Un criterio razonable no debería consistir en decidir qué categorías humanas pueden ser atacadas y cuáles no pueden ser cuestionadas nunca. Debería distinguir entre individuos, ideas, doctrinas, instituciones, organizaciones, leyes, incentivos, comportamientos, patrones estadísticos y consecuencias mensurables.
No debe presumirse que los individuos son culpables por el mero hecho de pertenecer a una categoría. Las ideas, las instituciones, las leyes y las prácticas deben seguir abiertas a la crítica, también cuando están asociadas a grupos considerados vulnerables.
Sin esta distinción, la protección frente a la hostilidad colectiva puede convertirse gradualmente en protección frente al examen intelectual.
Las generalizaciones son inevitables, pero no todas son iguales
El lenguaje público depende de la generalización.
Decimos que Rusia invadió Ucrania, que España mantiene la tauromaquia, que los hombres cometen la mayoría de los actos graves de violencia interpersonal o que determinadas prácticas culturales existen en ciertas regiones del mundo.
Normalmente, estas afirmaciones no se interpretan como declaraciones literales sobre todas las personas pertenecientes a la población mencionada. Funcionan como formas abreviadas de referirse a Estados, instituciones, distribuciones estadísticas o prácticas culturales.
Decir que Rusia invadió Ucrania no significa que todos los ciudadanos rusos aprobaran la invasión. Decir que España mantiene la tauromaquia no significa que todos los españoles la apoyen. Decir que los hombres están estadísticamente sobrerrepresentados en determinados delitos violentos no significa que todos los hombres sean violentos.
Las generalizaciones permiten expresar patrones complejos de manera eficiente, pero lo hacen sacrificando precisión. La cuestión relevante no es, por tanto, si una frase se refiere a un grupo, sino qué tipo de atribución realiza.
«Rusia invadió Ucrania» es principalmente una atribución institucional referida a un Estado y a sus fuerzas armadas.
«Los hombres están sobrerrepresentados en la violencia grave» es una afirmación estadística sobre una distribución.
«Algunas interpretaciones del islam castigan la apostasía» es una afirmación doctrinal y jurídica.
«Los judíos controlan la sociedad» es una atribución colectiva indiscriminada que exigiría pruebas extraordinarias y que históricamente ha estado asociada a narrativas conspirativas.
«Las mujeres son incompatibles con la civilización» es un juicio esencialista aplicado a miles de millones de individuos.
El problema comienza cuando una observación sobre una institución, una distribución, una doctrina o una práctica se transforma en una afirmación sobre la esencia de todos los individuos pertenecientes a una categoría.
Un Estado puede actuar sin el acuerdo de todos sus ciudadanos. Una doctrina puede producir efectos causales sin ser aceptada por todos sus seguidores nominales. Una población puede estar estadísticamente sobrerrepresentada en un comportamiento sin que todos sus miembros estén predispuestos a él. Una práctica cultural puede existir sin definir a toda una cultura.
El mismo criterio debería aplicarse a los sexos, las religiones, las nacionalidades, los grupos étnicos, las clases sociales y las identidades políticas.
La tolerancia facilita la crítica
Los sistemas abiertos y tolerantes generan una mayor cantidad de crítica visible precisamente porque la crítica está permitida.
Los gobiernos son cuestionados, los dirigentes son objeto de burla, las religiones mayoritarias son examinadas, las historias nacionales son revisadas y los fallos institucionales se exponen públicamente. Esto puede crear la impresión de que las sociedades tolerantes están permanentemente divididas o son especialmente defectuosas.
Los sistemas menos tolerantes pueden parecer más cohesionados porque las voces disidentes han sido silenciadas, intimidadas o relegadas a espacios privados.
La cantidad de crítica observable no es, por tanto, una medida directa de la cantidad de injusticia existente.
Una institución tolerante puede recibir quejas constantes precisamente porque sus miembros esperan que esas quejas sean escuchadas. Una institución autoritaria puede recibir pocas quejas porque hablar resulta costoso.
La ausencia de sátira no demuestra admiración. La ausencia de crítica no demuestra acuerdo. El silencio puede reflejar un respeto genuino, pero también puede reflejar miedo.
Una monarquía parlamentaria puede soportar burlas continuas contra el monarca sin derrumbarse. Una dictadura puede mostrar una ausencia casi total de burlas públicas contra su dirigente. La diferencia no demuestra necesariamente que el dictador sea más respetado. Puede demostrar que las consecuencias de ridiculizarlo son radicalmente distintas.
Esto produce una paradoja recurrente:
La tolerancia facilita la crítica, mientras que la intolerancia puede crear una apariencia de respeto.
Los grupos, religiones, instituciones y sistemas políticos que aceptan el desacuerdo se convierten en objetivos más seguros. Aquellos que muestran capacidad o disposición para castigar el desacuerdo se convierten en objetivos más peligrosos.
Como resultado, la crítica pública puede concentrarse en los actores con menor probabilidad de tomar represalias.
Respeto voluntario y deferencia coaccionada
Resulta útil distinguir entre respeto voluntario y deferencia coaccionada.
El respeto voluntario surge de la creencia de que una persona, tradición, institución o grupo merece consideración.
La deferencia coaccionada aparece cuando alguien modifica su comportamiento porque las consecuencias de no hacerlo parecen peligrosas.
Desde el exterior, ambas pueden parecer idénticas. Las dos pueden producir silencio, lenguaje cauteloso, evitación de la sátira o reticencia a discutir determinados asuntos.
Sin embargo, sus causas son diferentes.
Un periodista puede evitar publicar una imagen porque considera que resulta gratuitamente ofensiva. También puede evitarla porque publicaciones similares han provocado amenazas o atentados. Ambos motivos pueden coexistir.
Un profesor puede evitar un ejemplo controvertido porque desviaría la atención de la lección. También puede temer quejas, procedimientos disciplinarios o consecuencias reputacionales.
Un humorista puede retirar un chiste porque es débil o cruel. También puede calcular que algunos objetivos tienen mayor probabilidad que otros de organizar represalias.
Con el tiempo, el miedo puede dejar de ser descrito como miedo. Puede reformularse como sensibilidad, responsabilidad, convivencia o respeto.
Estos conceptos no son necesariamente descripciones falsas. Una persona puede valorar sinceramente la sensibilidad y, al mismo tiempo, estar respondiendo a un riesgo. El problema aparece cuando las sociedades se niegan a examinar qué proporción del respeto aparente se genera voluntariamente y qué proporción es producto de la expectativa de castigo.
Del miedo individual al tabú colectivo
Los tabúes sociales pueden surgir mediante un proceso de coacción anticipatoria.
La censura directa no siempre es necesaria. Si existen precedentes de represalias graves, las personas comienzan a modificar su comportamiento antes de recibir una amenaza personal.
Un periodista decide no publicar. Un profesor cambia el ejemplo. Una editorial rechaza un manuscrito. Una plataforma elimina una discusión. Una institución adopta un lenguaje cada vez más cauteloso.
Cada decisión puede parecer prudente de manera aislada. El resultado acumulativo es una zona de silencio.
Este mecanismo no exige que la mayoría de los miembros del grupo criticado sean violentos, intolerantes o estén políticamente coordinados. Puede bastar con una minoría pequeña e imprevisible capaz de imponer costes extremos.
El riesgo no depende únicamente de la probabilidad, sino también de la gravedad. Incluso una probabilidad reducida de sufrir una agresión física, una destrucción profesional o un acoso prolongado puede generar una autocensura considerable.
La fuerza de un tabú depende, por tanto, de distintas variables:
- la probabilidad percibida de represalias;
- la gravedad esperada de las represalias;
- la visibilidad de castigos anteriores;
- la capacidad organizativa de los actores ofendidos;
- la capacidad de las instituciones para proteger a quienes critican;
- el grado de legitimidad reputacional asociado al castigo de la crítica.
Un grupo puede poseer poco poder político formal y, al mismo tiempo, ejercer una influencia considerable sobre el discurso si criticarlo se percibe como extraordinariamente costoso.
A la inversa, un grupo puede ocupar numerosas posiciones formales de poder y recibir críticas constantes porque se espera que tolere los ataques sin tomar represalias.
El poder sobre el discurso público no puede medirse exclusivamente mediante la población, la riqueza, los cargos electos o la autoridad formal. La capacidad de imponer costes a quienes critican constituye también una forma de poder.
La recompensa estratégica de la intolerancia
Cuando la intimidación consigue reducir las críticas futuras, la intolerancia recibe una recompensa política.
Una institución puede restringir una expresión no porque esa expresión vulnere directamente los derechos de otra persona, sino porque sus responsables temen la reacción de quienes afirmarán sentirse ofendidos.
En ese momento, el actor más dispuesto a amenazar con alteraciones o conflictos adquiere una influencia indirecta sobre los límites de la expresión pública.
El Estado puede no prohibir formalmente la crítica. Sin embargo, si no puede proteger a quienes la ejercen, el resultado práctico puede parecerse a una prohibición.
Esto crea un incentivo peligroso.
Si la objeción pacífica produce debate, pero las amenazas consiguen la cancelación, las amenazas resultan más eficaces que los argumentos.
Si los grupos tolerantes siguen recibiendo críticas mientras los grupos intolerantes quedan protegidos por el miedo, la intolerancia se convierte en una estrategia ventajosa.
El problema no se limita a la violencia física. Las campañas reputacionales coordinadas, la presión profesional, el acoso administrativo y el uso estratégico de los tribunales pueden cumplir funciones semejantes, aunque su legitimidad debe evaluarse de manera separada en cada caso.
Una sociedad comprometida con la libertad de expresión debería impedir que la amenaza de represalias desproporcionadas determine qué puede discutirse.
Proteger la expresión no significa aprobar todas las afirmaciones. Significa mantener la respuesta a los malos argumentos dentro de un marco de contraargumentación, pruebas, crítica y legislación proporcionada, en lugar de permitir que la intimidación establezca tabúes informales.
Musulmanes y judíos: cautela semejante, posibles mecanismos diferentes
Tanto los musulmanes como los judíos pueden ser objeto de culpa colectiva, pero la cautela que rodea las críticas hacia estos grupos puede surgir de combinaciones de causas parcialmente diferentes.
En el caso de los judíos, la vigilancia frente a determinadas generalizaciones está fuertemente relacionada con una larga historia de exclusión, teorías conspirativas, pogromos, desplazamientos forzosos y exterminio.
Las afirmaciones sobre un supuesto control judío secreto, una deslealtad colectiva, una dominación económica o una coordinación oculta no son simples errores lógicos abstractos. Narrativas de este tipo se han utilizado repetidamente para legitimar la discriminación y la violencia.
Las advertencias contra el antisemitismo pueden reflejar, por tanto, el recuerdo de un peligro histórico demostrado.
Existen razones igualmente sólidas para evitar la culpa colectiva contra los musulmanes. En muchas sociedades occidentales, los musulmanes constituyen minorías expuestas a prejuicios, y las categorías de musulmán, árabe, inmigrante, extranjero e islamista se confunden con frecuencia.
Una crítica dirigida contra una doctrina o una organización puede convertirse fácilmente en hostilidad hacia individuos por su nombre, origen, apariencia o identidad presumida.
Al mismo tiempo, la cautela que rodea al islam puede contener, en algunos contextos, un elemento adicional: el miedo a las represalias contra la sátira, la apostasía, la blasfemia, las representaciones religiosas o la crítica de la autoridad sagrada.
Cuando esto sucede, la protección que rodea al asunto puede proceder simultáneamente de los principios antidiscriminatorios y de un efecto intimidatorio.
La apariencia exterior puede ser semejante en ambos casos: lenguaje cuidadoso, advertencias frecuentes, corrección de generalizaciones, cautela institucional y evitación de determinados asuntos.
Sin embargo, los mecanismos subyacentes pueden tener pesos relativos diferentes.
En un contexto puede predominar la memoria histórica de la persecución. En otro puede ser más importante el miedo contemporáneo a las represalias. En muchos casos, ambos factores pueden coexistir con intereses políticos ordinarios, incentivos reputacionales y una preocupación sincera por los individuos vulnerables.
Estas posibilidades deben tratarse como hipótesis que requieren investigación contextual, y no como conclusiones automáticas sobre ninguno de los dos grupos.
Las comunidades musulmanas y judías son internamente diversas. Ninguna debería ser tratada como poseedora de una única doctrina, estrategia, interés o nivel de poder.
Sus posiciones relativas han variado considerablemente entre países, periodos históricos, territorios, instituciones y dimensiones de la vida social. Un grupo puede ser vulnerable en un entorno, influyente en otro o estar simultáneamente protegido en algunos aspectos y expuesto en otros.
Criticar doctrinas no equivale a culpar a sus seguidores
Una dificultad adicional consiste en distinguir entre religiones, ideologías, organizaciones e individuos.
El islam es una tradición religiosa heterogénea. El islamismo se refiere a distintas familias de ideologías políticas. El yihadismo designa movimientos que justifican determinadas formas de violencia. Los musulmanes son individuos con creencias, grados de observancia, contextos culturales y posiciones políticas muy diferentes.
El judaísmo puede referirse a una religión, una civilización, una tradición jurídica, una ascendencia o una identidad cultural. El sionismo incluye diferentes tradiciones políticas. Las políticas del Gobierno israelí no equivalen a las creencias o responsabilidades de todas las personas judías.
Distinciones semejantes se aplican al cristianismo, el feminismo, el nacionalismo, el liberalismo, el socialismo, el ecologismo y cualquier otra tradición amplia.
La confusión entre categorías produce dos errores opuestos.
El primero es la culpa colectiva: atribuir la doctrina o el comportamiento de una organización a todos los individuos asociados a una identidad más amplia.
El segundo es la parálisis analítica: tratar cualquier crítica de una doctrina u organización como un ataque contra todos los individuos que comparten una identidad relacionada con ella.
Debería ser posible investigar si determinados movimientos islamistas contribuyen al terrorismo, si algunas interpretaciones de la ley religiosa restringen la libertad de expresión o si ciertas organizaciones políticas promueven políticas discriminatorias.
También debería ser posible investigar los movimientos judíos extremistas, el nacionalismo cristiano, las ideologías revolucionarias, la legislación feminista, las instituciones dominadas por hombres o cualquier otro sistema de creencias e incentivos.
Reconocer la diversidad interna no exige negar que las doctrinas puedan producir efectos causales.
Una doctrina puede funcionar como justificación, mecanismo de movilización, criterio para seleccionar enemigos, fuente de legitimidad o instrumento de coordinación, sin explicar por sí sola la totalidad de un fenómeno.
La alternativa correcta no es ni la condena colectiva ni la negación obligatoria de toda influencia causal. Es el análisis preciso.
El poder es dinámico
El problema más profundo es que la vulnerabilidad y el poder no son condiciones permanentes.
Un grupo puede crecer o disminuir, organizarse o fragmentarse, formar alianzas, adquirir influencia institucional, perderla, convertirse en culturalmente dominante o desplazarse entre posiciones de vulnerabilidad y poder.
Estas transformaciones se han producido repetidamente en grupos religiosos, políticos, étnicos, económicos y culturales.
Un grupo numéricamente pequeño puede poseer una influencia institucional, económica, cultural u organizativa considerable.
Una mayoría numérica puede permanecer políticamente fragmentada, económicamente débil, institucionalmente excluida o ser incapaz de actuar de manera colectiva.
Un grupo puede controlar una institución y continuar siendo vulnerable en otra. Puede poseer legitimidad cultural, pero recursos económicos limitados. Puede disfrutar de protección jurídica formal y sufrir inseguridad física. Puede ejercer influencia política a escala nacional y estar marginado localmente, o a la inversa.
El poder es, por tanto, multidimensional.
En el caso de los grupos religiosos, parte de esta dinámica puede estudiarse mediante variables demográficas:
- tamaño de la población;
- proporción respecto de la población total;
- concentración territorial;
- migraciones;
- tasas de natalidad;
- conversión;
- transición de mayoría a minoría o de minoría a mayoría.
Algunas sociedades que originalmente no eran musulmanas se convirtieron, mediante procesos históricos complejos, en sociedades de mayoría musulmana gobernadas por instituciones islámicas.
Esto no significa que todas las poblaciones musulmanas contemporáneas vayan a seguir la misma trayectoria. Tampoco justifica tratar a los musulmanes individuales como enemigos ni presuponer que comparten un proyecto político coordinado.
Significa algo más limitado: las posiciones demográficas y políticas no son permanentes.
La condición actual de minoría no garantiza una debilidad permanente, del mismo modo que la condición actual de mayoría no garantiza un control permanente.
Una sociedad que considere inaceptable examinar críticamente a un grupo mientras este posee relativamente poco poder puede descubrir más adelante que ese mismo grupo ha adquirido suficiente influencia para restringir el debate que anteriormente lo protegía.
La protección contra la discriminación no debería convertirse, por tanto, en una inmunidad permanente frente al examen de doctrinas, estrategias políticas, cambios demográficos, objetivos institucionales o consecuencias sociales.
Sin embargo, los factores demográficos no determinan por sí solos el poder político. Una mayoría numérica puede ser institucionalmente débil, mientras que un grupo relativamente pequeño pero altamente organizado puede poseer una influencia considerable.
La demografía es una variable relevante, no una medida completa del poder.
Las mujeres y los hombres muestran con mayor claridad el carácter multidimensional del poder
Esto resulta todavía más evidente cuando examinamos la relación entre mujeres y hombres.
Sus proporciones demográficas permanecen aproximadamente equilibradas, pero su poder relativo puede cambiar considerablemente a lo largo del tiempo y entre distintas instituciones. Estos cambios no pueden explicarse principalmente por aumentos o disminuciones del tamaño de la población. Se manifiestan en variables políticas, jurídicas, económicas, culturales, familiares e institucionales.
Entre los indicadores relevantes pueden encontrarse:
- representación en gobiernos y organizaciones políticas;
- presencia en el poder judicial y en las administraciones públicas;
- acceso a la educación y a puestos directivos;
- influencia sobre la legislación;
- participación en medios de comunicación e instituciones culturales;
- distribución de recursos públicos y privados;
- protecciones jurídicas diferenciadas;
- credibilidad social;
- responsabilidades familiares;
- exposición a la violencia física y sexual;
- riesgo laboral;
- castigo penal;
- obligaciones militares;
- sinhogarismo y suicidio;
- acuerdos de custodia;
- consecuencias procesales asociadas a determinadas acusaciones.
La cuestión relevante no es si aumenta el número de mujeres o de hombres, sino si está cambiando la distribución de la autoridad, la responsabilidad, la protección, las obligaciones, la influencia institucional y las garantías jurídicas entre ambos en ámbitos concretos.
Esto evita describir de manera simplista a cualquiera de los dos sexos como universalmente poderoso o universalmente vulnerable.
Los hombres pueden conservar una mayor influencia en determinadas estructuras económicas o políticas y, al mismo tiempo, estar más expuestos en ámbitos como los trabajos peligrosos, el castigo penal, el sinhogarismo, el suicidio, las obligaciones militares o ciertos conflictos familiares.
Las mujeres pueden seguir siendo más vulnerables a determinadas formas de violencia, cargas reproductivas, dependencia económica o exclusión de algunas posiciones, mientras adquieren una mayor influencia o una protección más intensa en otros contextos institucionales.
Las ventajas y las desventajas no tienen por qué evolucionar conjuntamente.
Una población puede estar protegida en un ámbito jurídico y perjudicada en otro. Una mayor representación en una institución no elimina la vulnerabilidad en otros espacios. La exclusión histórica no demuestra una debilidad presente en todos los ámbitos, del mismo modo que la dominación histórica no demuestra una ventaja actual para todos los individuos.
El análisis debe permanecer, por tanto, vinculado a preguntas concretas: ¿qué institución?, ¿qué poder?, ¿qué protección?, ¿qué obligación?, ¿qué periodo? y ¿qué consecuencia mensurable?
Políticas protectoras y nuevas asimetrías
Las políticas diseñadas para corregir injusticias históricas o presentes pueden ser necesarias y producir mejoras reales.
Sin embargo, las políticas no son automáticamente justas por el mero hecho de que su propósito original fuera protector.
También pueden crear nuevas desigualdades si debilitan las garantías de una de las partes, establecen presunciones formales o informales, asignan criterios de credibilidad diferentes, ocultan los intereses de víctimas menos favorecidas o imponen consecuencias graves antes de que los hechos relevantes hayan sido determinados de manera concluyente.
Los procedimientos relacionados con la violencia, la custodia o las relaciones familiares ilustran esta dificultad.
Las medidas preventivas pueden estar justificadas para evitar un daño grave e irreversible. Esperar hasta disponer de una certeza completa puede exponer a una posible víctima o a un menor a un peligro inaceptable.
Sin embargo, las medidas preventivas también pueden provocar injusticias graves si permanecen vigentes durante meses o años y la acusación termina sin ser probada.
Separar a un progenitor de sus hijos, expulsar a una persona de su hogar, restringir las comunicaciones, bloquear recursos o imponer limitaciones importantes puede convertirse en la práctica en un castigo cuando los procedimientos se prolongan excesivamente.
Reconocer esta posibilidad no significa negar la violencia contra las mujeres o contra los hombres, suponer que quienes denuncian mienten habitualmente ni afirmar que cualquiera de los dos sexos actúa como un bloque político coordinado.
Significa reconocer un principio general:
«Toda forma de poder institucional, incluido el poder creado con fines protectores, debe permanecer sometida a las pruebas, la proporcionalidad, la revisión, las garantías procesales, la corrección y, cuando sea posible, la reparación».
La protección es necesaria precisamente porque algunos daños no pueden revertirse. Las garantías procesales son necesarias por la misma razón: las medidas destinadas a prevenir un daño irreversible pueden generar otro.
El alineamiento producido por el poder coercitivo
La intolerancia puede hacer algo más que silenciar a quienes critican. También puede inducir a individuos vulnerables a alinearse con los actores capaces de imponer costes elevados, defenderlos y, finalmente, legitimarlos.
Las personas se adaptan con frecuencia a distribuciones desiguales de poder. Pueden someterse a una coalición dominante, vincularse a un protector, evitar provocar al vencedor probable o racionalizar un acuerdo del que depende su seguridad.
Este mecanismo no es exclusivo de las mujeres ni de ningún grupo concreto. Los hombres también se someten a coaliciones más fuertes, apoyan a dirigentes autoritarios bajo amenaza y se alinean con facciones victoriosas.
Sin embargo, las diferencias históricas en la exposición a la violencia física, la dependencia económica, la estructura familiar y el acceso a la protección pueden hacer que el mecanismo opere de manera diferente según las poblaciones y los contextos.
Lo que públicamente parece admiración o acuerdo ideológico puede incluir, en ocasiones, una adaptación estratégica.
Con el tiempo, el alineamiento estratégico puede transformarse en una creencia sincera. Las personas tienden a justificar los acuerdos duraderos de los que dependen su seguridad, identidad o sustento. Una autoridad obedecida inicialmente por miedo puede ser descrita más adelante como legítima, necesaria, protectora o moralmente superior.
El poder coercitivo puede producir, por tanto, no solo silencio, sino también apoyo público.
Esto refuerza la apariencia de consenso alrededor de los actores que castigan el desacuerdo.
Las consecuencias de la crítica asimétrica
La primera consecuencia es epistemológica.
El coste de expresar una idea puede distorsionar la investigación. Los asuntos asociados a un peligro profesional, social o personal reciben menos atención, con independencia de su importancia.
Los investigadores pueden evitar hipótesis susceptibles de ser interpretadas como ofensivas. Las instituciones pueden preferir explicaciones que generen menos conflictos. Los datos pueden estar disponibles mientras las preguntas causales permanecen sin formular.
La segunda consecuencia es política.
Los actores intolerantes pueden recibir mayor protección que los tolerantes. Si las reacciones extremas consiguen desincentivar el examen crítico, la intimidación es recompensada indirectamente.
La tercera consecuencia es moral.
Las sociedades pueden confundir la prudencia con la virtud. Evitar una crítica porque resulta peligrosa puede presentarse como sensibilidad moral, incluso cuando el miedo constituye una parte importante de la explicación.
La cuarta consecuencia es institucional.
Las universidades, los medios de comunicación, las plataformas tecnológicas y las administraciones públicas pueden aplicar criterios diferentes en función de la reacción esperada de cada grupo afectado. El principio rector deja de ser la calidad de la afirmación y pasa a ser la capacidad de los actores interesados para crear problemas.
La quinta consecuencia es cultural.
La crítica se concentra en los grupos que la toleran. Esto puede crear una imagen invertida de la responsabilidad. Los actores más abiertos al escrutinio aparecen constantemente como defectuosos, mientras que aquellos con mayor capacidad para suprimir la crítica parecen especialmente respetados.
La sexta consecuencia es estratégica.
Los grupos aprenden qué comportamientos generan protección. Si la tolerancia produce más crítica mientras que la intimidación produce silencio, los sistemas sociales seleccionan contra la tolerancia.
La prueba de reversibilidad
Una norma social solo es segura si estaríamos dispuestos a aceptarla después de que cambiara el equilibrio de poder.
Si un grupo queda protegido frente a la crítica porque actualmente posee menos poder, deberíamos preguntarnos si aceptaríamos la misma inmunidad en el caso de que posteriormente controlara las instituciones.
Si la retórica deshumanizadora contra un grupo se tolera porque actualmente se lo considera poderoso, deberíamos preguntarnos si continuaríamos considerándola aceptable si ese grupo se volviera vulnerable.
Si el victimismo histórico se utiliza para proteger un proyecto político contemporáneo frente al examen crítico, deberíamos preguntarnos si aceptaríamos la misma norma cuando fuera aplicada por otros grupos con historias de sufrimiento.
Si el poder histórico se utiliza para atribuir una culpa permanente a individuos actuales, deberíamos preguntarnos si la responsabilidad heredada es un principio que estamos dispuestos a universalizar.
Esta prueba de reversibilidad no exige ignorar el contexto.
Una misma afirmación puede generar distintos niveles de peligro dependiendo del objetivo, de quien habla, del contexto histórico, del entorno institucional y de la capacidad de transformar la retórica en acción.
Una afirmación dirigida contra una minoría perseguida puede tener implicaciones que no posee una crítica abstracta contra la humanidad.
El contexto debería influir en el grado de cautela, en la interpretación de la intención y en la evaluación del daño previsible.
Pero el contexto no debería eliminar los criterios universales.
Conclusión
La fuerza de un tabú social puede proceder de distintas fuentes: la preocupación por los individuos vulnerables, la memoria histórica, las normas contra la discriminación, las sanciones reputacionales, los intereses políticos, los incentivos institucionales y el miedo a las represalias.
Estas causas pueden coexistir y tener un peso diferente según las circunstancias.
La cautela especial que rodea determinadas formas de crítica no debería interpretarse automáticamente como una prueba de mayor sensibilidad moral. En algunos casos, representa una defensa legítima frente a la culpa colectiva. En otros, refleja una adaptación racional al riesgo. En muchos casos, ambos elementos están presentes.
La paradoja fundamental es que la tolerancia facilita la crítica, mientras que la intolerancia puede crear una apariencia de respeto.
Las sociedades abiertas, las religiones que aceptan el desacuerdo, las instituciones que toleran la sátira y los grupos que rechazan las represalias pueden recibir más ataques verbales precisamente porque criticarlos resulta seguro.
Los actores que castigan el desacuerdo pueden recibir menos críticas porque han conseguido elevar su coste.
Una sociedad intelectualmente coherente debería resistirse a esta inversión.
Los individuos deben ser protegidos frente a la violencia, la discriminación, la culpa colectiva y la deshumanización. Sin embargo, ninguna religión, ideología, institución, ley, movimiento político o estructura de poder debería quedar exenta de crítica.
Las afirmaciones deben juzgarse según sus pruebas, precisión, capacidad explicativa y consecuencias, y no según el miedo que produzca expresarlas o la capacidad del grupo afectado para castigar a quienes las formulan.
La alternativa equilibrada no consiste ni en una simetría perfecta que ignore el contexto ni en una protección asimétrica permanente.
Tampoco consiste en permitir una hostilidad ilimitada contra los grupos clasificados como poderosos ni en conceder inmunidad intelectual a los grupos clasificados como vulnerables.
Consiste en juzgar a los individuos como individuos, examinar las doctrinas como doctrinas, analizar las distribuciones como distribuciones, evaluar las instituciones por sus resultados, distinguir el respeto del miedo y reevaluar continuamente el poder a medida que cambia entre épocas, lugares y ámbitos sociales.
